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Camilo Villavicencio Garrido

Información creada o curada por mí

Legalidad de la especulación en zonas de catástrofe

febrero 02, 2014 — Camilo Villavicencio
Actualmente, el norte de Chile se encuentra en Estado de Catástrofe debido al terremoto que ocurrió el 1 de abril en esa zona (Arica y Parinacota y Tarapacá). Sin ahondar mayormente en la situación que se está dando ahí, quisiera abocarme sobre un punto que en las redes sociales y en los medios de comunicación masivos ha provocado la indignación de los espectadores, emanada desde luego, desde la visceralidad que implica la razonable empatía: los comerciantes están aumentado de forma desmesurada los precios de los productos que tienen a la venta. Sin lugar a dudas, tal actitud evoca un rechazo ineludible (y una posterior comprensión de la incertidumbre que los propios comerciantes tienen) pero no serán los sentimientos los abarcados en este artículo, sino la situación legal y las expectativas que el ciudadano puede tener con respecto a esta realidad.

Para entender los efectos del Estado de Catástrofe tenemos que acudir a la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, veamos el artículo 7. ªª Artículo 7°.- Para los mismos efectos señalados en el artículo 5° de esta ley, durante el estado de catástrofe, el jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 1) Los contemplados en los números 1, 4 y 5 del artículo 5°; 2) Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes; 3) Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada; 4) Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público; 5) Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública; 6) Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población; 7) Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona, y 8) Las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal. ªª

El primer asunto razonable de observar es que la enumeración que presenta el artículo 7 son deberes y atribuciones. Entendiendo por atribuciones, en su sentido lógico, diremos que son facultades. Entonces el jefe de la Defensa Nacional ¿Debe o puede hacer lo que indican los numerales? Si entendemos el artículo como un imperativo podrá, en el caso de que no se cumpla lo dispuesto por el artículo, desprenderse responsabilidad para el jefe… sin embargo, si el artículo lo vemos como un listado de facultades, no podrá oponersele el hecho de que no hubiesen sido cumplidas las disposiciones. Esta confusión inicial, considero, desestabiliza el entendimiento desde el comienzo.

Atendamos ahora los numerales 2 y 3 que se relacionan con la situación que estamos tratando de dilucidar.

2) Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes; 3) Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada;

Acá encontramos con claridad las disposiciones que se establecen (pero, tras el problema antes expuesto, no podemos entender bien si son deberes o facultades del jefe de Defensa Nacional). Entre el artículo 17 y 21 se establecen normas con respecto a la indemnización de los propietarios de bienes requisados. Sobre sanciones por incumplimiento del jefe de Defensa Nacional a sus deberes (entendiendo que tiene deberes) nada se dice. (No he conseguido encontrar en otra ley información al respecto, porfavor, si alguien la tiene déjela en un comentario para enriquecer este artículo).

Sobre el asunto que estamos, vale la pena revisar la Ley 16.282 que fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes. Esta ley data de 1965 y precisamente en ese hecho radica el nuevo problema al que nos enfrentamos. Vamos a la disposición, en específico, el artículo 4.

Artículo 4°- Los productores o comerciantes y funcionarios de instituciones comerciales del Estado que se negaren infundadamente a vender de contado al público para su consumo ordinario alimentos, vestuarios, herramientas, materiales de construcción, productos, medicamentos y artículos farmacéuticos de uso en medicina humana y veterinaria, menaje de casa, combustibles, jabón y bienes que sirvan para el alhajamiento o guarnecimiento de una morada, o condicionen la venta a la adquisición de otras mercaderías; lo mismo que cualquiera persona que a sabiendas comercie con bienes destinados a ser distribuídos gratuitamente en la zona afectada, sufrirán la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. En la misma pena incurrirán quienes, siendo o no comerciantes, vendan los artículos a que se refiere el inciso anterior a precios superiores a los oficiales o con engaño en la calidad, peso o medida, o los que los acaparen, oculten, destruyan o eliminen del mercado. Se sancionará en igual forma a los que vendan artículos alimenticios adulterados o en condiciones nocivas para la salud. No obstante, si alguno de estos delitos tuviere asignada una pena mayor en las leyes vigentes, se aplicará dicha pena. Los Tribunales apreciarán la prueba producida y expedirán su fallo en conciencia. Las penas establecidas en este artículo serán aplicadas sin perjuicio de las sanciones y medidas administrativas que establezca la legislación vigente. La Dirección de Industria y Comercio, por intermedio de su Director, o del funcionario que éste designe en cada provincia, podrá hacerse parte en los procesos a que dieren lugar los delitos que se contemplan en este artículo. En los delitos contra las personas o la propiedad será considerado agravante el hecho de haber sido cometido en la zona afectada. Se faculta al Presidente de la República para fijar normas excepcionales relativas a protestos de letras de cambio y plazo de validez de los cheques. Acá hay varias cosas que hay que tener en consideración: Ser o no comerciante, productor o funcionario de instituciones comerciales del Estado es irrelevante para efectos de esta disposición, pues todos son sancionados con la misma pena. Offtopic: ¿Existen los funcionarios de instituciones comerciales del Estado? Las acciones sancionadas son: negarse infundadamente a vender, condicionar la venta, comerciar con bienes distribuídos gratuitamente. En caso de que vendan, habrá igual sanción sí: los precios son superiores a los oficiales o con engaño en la calidad, peso o medida; se acaparasen, ocultasen, destruyésen o eliminasen del mercado.

Detengámonos acá. En una zona devastada y sabidamente aislada por el derrumbe de caminos y carreteras ¿podría considerarse infundada la negación a vender productos de primera necesidad? Por otro lado, en Chile no existen los precios oficiales actualmente (sí habían al momento de dictar esta ley), así que ¿Qué podrá considerarse un precio oficial? Y, a continuación, está un punto que me llama de sobremanera la atención pues atenta contra el Derecho Penal en general: el principio pro reo o también llamado de la ley penal más favorable se ve transgredido en el inciso tercero:

No obstante, si alguno de estos delitos tuviere asignada una pena mayor en las leyes vigentes, se aplicará dicha pena.

Ciertamente, el principio de la aplicación de la ley penal más favorable está pensada para un caso diferente, podría fácilmente estimarse que se alza como un bastión de la intención general del legislador que ve en el sistema penal la búsqueda de la reinserción del individuo en la comunidad más que como sanción vengativa por parte del resto de la sociedad.

Breve: El principio de la aplicación de la ley penal más favorable se aplica en los casos en que, ya habiéndo sido juzgado un individuo por una norma vigente al tiempo de su sentencia condenatoria es beneficiado ulteriormente con la modificación de su pena en virtud de una ley más reciente que sancione el mismo hecho con una pena menos grave que la anterior. En estricto rigor, esto desafía al principio de irretroactividad de las leyes, sin embargo el principio pro reo, del que deriva el principio de la ley penal más favorable, es más fuerte en materia penal por lo mencionado anteriormente (la «lástima» con que el legislador ve al infractor).

Atendido lo anterior, es claro porqué la disposición es llamativa.

Con todo, además de lo expuesto, es menester atender a lo que ha ocurrido realmente en el norte de Chile y, es en esta revisión que encontramos que el vocero del gobierno aseguró que las conductas de especulación serán sancionadas según establece el artículo 285 del Código Penal. Veamos el artículo.

Art. 285. los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación, sufrirán las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

Tras una lectura rápida el ciudadano podrá concluir que al fin hemos podido atrapar al especulador… pero hey! esta figura requiere que existan medios fraudulentos y, ciertamente, estaremos de acuerdo que un terremoto no es un medio fraudulento (a menos que un comerciante ambicioso haya provocado el terremoto dinamitando submarinamente las placas tectónicas) sino que, como mucho, será una circunstancia del momento. Es más, forzando el derecho, podríamos entender al terremoto como una fuerza insuperable que obliga al comerciante a tener una actitud precavida consigo mismo y su familia y, para protegerse del modo que le sea posible se ve imposibilitado de no tomar la precaución de cobrar más dinero que el habitual por sus productos. Esto último es latamente discutible, pero el primer argumento (que los comerciantes no actuaron fraudulentamente con anterioridad (no provocaron el terremoto) dificilmente podrá imputárseles responsabilidad penal.Habiendo ya comentado todos los flancos que he visto, me parece que queda relativamente claro porqué la especulación en una zona de catástrofe no se puede considerar un delito. Ahora queda la reflexión personal ¿Este es el país que queremos? ¿Estas normas son las que queremos? ¿Será una sensación del momento o una idea generalizada entre los chilenos de que queremos un Estado más socialista que protector de la propiedad? ¿Cómo, como sociedad somos capaces de aceptar legalmente que las circunstancias justifiquen el abuso inmoral del comerciante?

Ojalá no quede todo en indignación de matinales y programas de media tarde. En las urnas, en la elección pasada se nos pasó la vieja el momento de cambiar, pero por mucho que Francis F. patalee… la historia no ha llegado a su fin.

Tags: derecho, política